La ley que ha sido aprobada prohíbe la práctica desacreditada que se lleva a cabo en personas menores de 18 años, y grupos, incluidos los padres, que intentan forzar a los menores a someterse a estas terapias. Las sanciones van desde el ingreso en prisión hasta un año o 30.000€ de multa.
La ley se extenderá a los mayores de 18 años en todos los casos en los que no existan plenas garantías de que la persona accedió a ella bajo presión, amenaza o engaño.
Según las cifras de la Fundación Magnus Hirschfeld, alrededor de 1.000 personas en Alemania son sometidas a terapia de ‘conversión’ cada año.
Los parlamentarios de los Partidos Verde e Izquierdo han pedido que se amplíe la ley y cubra a personas de hasta 27 años, el Ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo:
«Quiero una prohibición que sea sólida, incluyendo que estos delitos puedan ser llevado ante los tribunales».
«Los jóvenes se ven obligados a asistir a terapias de conversión, por lo que es muy importante que encuentren apoyo en la existencia de esta ley: una señal clara de que el estado no quiere que esto suceda».
Según ha informado la canciller Ángela Merkel, este tipo de prácticas cuyo objetivo es la ‘curación’ de ‘pacientes’ homosexuales, «no tiene una base científica» y genera un «daño psicológico» irreparable en muchos casos.
La prohibición ha recibido elogios como por ejemplo del cofundador de Born Perfect, Mathew Shurka, diciendo:
“Alemania es el primer país europeo importante en proteger a las personas LGTB de esta práctica insidiosa, que es uno de los principales impulsores de suicidio y depresión entre los jóvenes de la comunidad».
TERAPIAS DE CONVERSIÓN EN ESPAÑA
España es uno de los seis países del mundo que ha aprobado leyes para prohibir ‘terapias de conversión’ con las que se intenta modificar la orientación sexual, destacó hoy un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
Mientras en tres de estos países se han dictado leyes para restringir estas presuntas terapias a nivel nacional (Brasil, Ecuador y Malta), otros tres (EE. UU., Canadá y España) lo han hecho en jurisdicciones regionales, y 14 han iniciado proyectos de ley al respecto, indica el estudio.
En concreto, leyes de prohibición o limitación de estas prácticas se aprobaron en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia en 2016, en Andalucía en 2017 y en Aragón y la Comunidad Valenciana en 2018, recuerda el documento.
