LGTBIfobia

Pin Parental: Vox pone contra las cuerdas a PP y Ciudadanos en Andalucía y Madrid

Vox coacciona al Gobierno andaluz y amenaza con retirar su apoyo, y exige la puesta en marcha en Madrid para respaldar a Ayuso

Vox retoma la polémica del Pin Parental y vuelve a tensionar las relaciones con el Partido Popular y Ciudadanos en aquellos territorios donde el apoyo de la formación de ultraderecha es necesaria para gobernar. Por ello, Vox exige su implantación en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, donde amenaza con romper los acuerdos que dan apoyo a los ejecutivos.

El partido liderado por Santiago Abascal, ha rescatado un año después, la polémica medida del veto parental (conocida como «pin parental»). Esta normativa permitiría la posibilidad de que los padres prohibiesen algunas actividades programas por los centros educativos para sus hijos, a lo que se oponen una gran cantidad de colectivos feministas, LGTBI y en defensa de la educación pública.

Esta nueva presión llegó dos semanas después de las elecciones catalanas, en las que Vox logró ganarle terreno a ambos partidos políticos. El primer aviso llegaba la semana pasada al parlamento andaluz. Alejandro Hernández, portavoz de Vox en Andalucía, anunciaba que retiraba su apoyo al Gobierno de Moreno Bonilla (PP) hasta que la Consejería de Educación implantase el veto parental en las escuelas.

Además, la formación ultraderechista, llevaba la misma polémica a Madrid, donde Rocío Monasterios -líder del partido en la región- exigía esta medida a cambio de su apoyo en las cuentas del Gobierno de Díaz Ayuso (formado por PP y Ciudadanos).

La polémica reaparece un año después de que el partido político de Santiago Abascal lo consagrase en su acuerdo de Presupuestos en la Región de Murcia, lo que generó, como era de esperar, una gran oposición por parte de diferentes colectivos. Esta imposición es apoyada por grupos ultracatólicos como HazteOir. Finalmente, la medida en Murcia fue suspendida cautelarmente por los tribunales.

Vox se hace fuerte tras las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, en las que la formación ultraderechista logró superar y sumar más que PP y Ciudadanos juntos. Acabó con 11 diputados (cinco más que Ciudadanos, que venía de ganar en 2017, y ocho más que PP).

Esto se produce a la vez que la formación liderada por Pablo Casado negocia con el PSOE acuerdos de Estado como la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). Esta polémica resulta un Win Win para Vox, ya que si consiguen implantar la medida, es una victoria ante su electorado; si no, consiguen marcar perfil propio, agenda y mantenerse en el debate público.

Peligra el Gobierno andaluz

La amenaza de Vox de retirar el apoyo parlamentario al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía ha sido recibida con una mezcla de cautela y preocupación por parte del Partido Popular y Ciudadanos.

El presidente, ha ordenado al consejero de Educación, Javier Imbroda, a renegociar con sus aliados de extrema derecha, que han amenazado con tumbar todas las iniciativas de la Junta de comisiones parlamentarias y en el Pleno hasta que no se implante el veto parental en las escuelas.

Fuente de Educación confirman la convocatoria de la reunión pero aseguran que el margen para aceptar las exigencias «es muy reducido». Lo que busca la formación de Santiago Abascal es que los colegios tengan la obligación de «pedir autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias», y «eso no se puede hacer ni se quiere hacer», insiste Imbroda. La normativa actual permite a los padres conocer el proyecto educativo antes de realizar la matriculación de sus hijxs.

Vox ha hecho bandera del negacionismo abiertamente contra la violencia machista y la igualdad de género, y cuya propuesta sigue esa línea. Es ahí donde ha encontrado fuertes rivalidades en los departamentos de Igualdad y Educación, gestionados por Ciudadanos.

Este conflicto renació dos semanas atrás durante una sesión plenaria en el Parlamento y se hizo público un acuerdo entre Imbroda y la formación ultraderechista, en el que se hablaba de desarrollar «los cambios normativos necesarios» para garantizar el «derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias».

Guerra contra los colectivos LGTBI

En la práctica, el «pin parental» es un documento dirigido a los progenitores que les permite vetar actividades externas en los colegios que cuestionan sus «convicciones morales, ideológicas o religiosas».

Esta medida está fundamentalmente dirigido contra los talleres y charlas que según la formación política fomentan «la ideología de género» y el «adoctrinamiento»: la lucha contra la violencia machista, la educación afectivo-sexual o la igualdad de género y LGTBI.

Es por ello, por lo que a pesar de que puede afectar a cualquier temática, es la baza ofensiva que utiliza Vox contra este tipo de contenidos, para lo que han utilizado reiteradamente campañas de desinformación, bulos y exageraciones.

Rocío Monasterio llegó a comparar los talleres LGTBI, dirigidos a la prevención del acoso LGTBIfóbico o el respeto a la diversidad, con la «zoofilia» y Abascal llegó a asegurar que algunos centros educativos enseñan «juegos eróticos» que «están cerca de la corrupción de menores».

Entre estos argumentos, se encuentra la supuesta protección de la infancia y la adolescencia y obvian los efectos positivos que estos talleres y actividades tienen sobre el alumnado.

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