Hace unos días el Rainbow Map lanzado por Ilga-Europa, no confirmaba que nuestro continente ha dejado de ser ese escenario donde se garantizan los derechos las personas LGBTI+.
Mientras un 49 % de países de la UE se han distanciado del compromiso efectivo y continúo con la igualdad que incorpora a este colectivo, se va dibujando un escenario político y jurídico de mayor vulnerabilidad e incertidumbre.
Las personas trans se convierten en la diana, donde se desarticulan el ejercicio de derechos y garantías que han procurado que sus vidas sean cada vez mas dignas. Es ahora, el Parlamento húngaro el que ha votado (133 a favor, 57 en contra), para aprobar un proyecto de ley general, cuyo artículo 33, reemplazando así la categoría de «sexo» en el registro civil por el de «sexo asignado en nacimiento».
Este artículo, que sirve de sustento al sistema administrativo y permite registrar el sexo legal de la ciudadanía en Hungría, vuelve a quedar revestido de la retórica biologicista/binaria y por tanto deja fuera toda posibilidad para que las personas trans e intersex puedan acceder a cualquier modificación de sus documentos identificativos.
Este revés a los derechos trans, ya se vaticinaba en la recién publicada Encuesta LGBTI de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA), donde afirmaba que el 76% de las personas trans en Hungría cree que el gobierno «no combate eficazmente los prejuicios y la intolerancia contra las personas LGBTI«, siendo los discursos políticos los que promueven estos escenarios de inseguridad.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado de manera consistente que el reconocimiento legal de género se enmarca dentro del derecho a la vida privada y familiar en el marco legal europeo, específicamente protegido por el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La jurisprudencia de este tribunal también ha indicado en varias ocasiones que la categoría “sexo”, debe ser interpretada de forma tal que proteja los derechos humanos de las personas trans e intersex como a la dignidad o la vida privada y familiar.
Aunque la realidad de las personas trans no se pueden reducir al cambio de nombre y sexo legal, el reconocimiento jurídico de su identidad se convierte en una necesidad fundamental para alejar de sus vidas el estigma, la discriminación, el acoso y violencia, a la que son sometidos.
Hoy nos seguimos levantando con más determinación, ante cualquier acto donde integrantes de nuestro colectivo sean excluidos de los más fundamentales de sus derechos.
