El pasado martes, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Chrysallis consideraron que las preguntas que el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) había planteado en el Parlament de Catalunya, en los días anteriores, contra las personas trans eran «preguntas estigmatizantes» y un «señalamiento inconstitucional de las personas trans».
Según informa FELGTB en una nota de prensa, dichas preguntas realizadas por el partido pedían, específicamente, conocer los delitos que habían cometido las personas trans por las «consecuencias» que presenta para el resto de reclusas el hecho de internar a algunas personas trans en los módulos de mujeres, lo que supone definir a las personas trans, concretamente a las mujeres, como amenazas para el resto de presas.
De esta manera, como indica la nota de prensa, se criminaliza al colectivo trans y se fortalecen los estereotipos negativos que existen sobre sus miembros, llegando a considerarles incluso como delincuentes.
En este sentido, la Mesa del Parlament ha rechazado estas cuestiones amparándose en el artículo 163.3 del reglamento del Parlament de Catalunya pues, tal y como este recoge, no se admitirán «preguntas que contienen expresiones ofensivas para la dignidad de las personas o que menosprecian sus derechos».
Asimismo, diversas organizaciones y entidades LGTB+ de Cataluña federadas en FELGTB muestra su rechazo hacia este acto del PSC
Así pues, defienden que preguntar por la identidad de género, un dato que esta constitucionalmente protegido, para relacionarlo con amenazas a terceras o delitos significa llevar a cabo un estigmatización de las personas trans que, para nada, debería producirse en una sociedad democrática como la nuestra. Así pues, resaltan que este tipo de preguntas refuerzan el estigma y la vulnerabilidad de este colectivo y que, por tanto, no se entienden como legítimas desde una perspectiva progresista.
«Estas posiciones de señalamiento y estigmatización solo sirven para reproducir y perpetuar las situaciones de desigualdad, discriminación y violencia que experimentan las personas trans de forma cotidiana», defiende Uge Sangil, presidenta de FELGTB.
Las palabras de Sangil, quien exige la aprobación urgente de una ley integral trans que proteja y garantice de forma integral la igualdad ante la ley de este colectivo, han sido reforzadas también con las declaraciones de Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, que ha solicitado al PSC «que no ahonde y profundice las brechas de desigualdad que viven las personas trans y que adopte, de una vez por todas, un compromiso nítido y sólido con la igualdad de todas las personas, reconociendo su derecho a la identidad».
Asimismo, el presidente estatal de Fundación Triángulo, José María Núñez, también ha querido mostrar su postura en contra de este acto del partido.
«Es intolerable e inaceptable que se violen derechos fundamentales y constitucionales (como la igualdad, la identidad, la intimidad y la dignidad) de las personas trans en un parlamento democrático. Señalar a las personas trans como potenciales delincuentes supera líneas rojas que nunca deberían traspasarse», resalta.
En este sentido, cabe destacar que el internamiento de personas trans en los módulos de mujeres es una práctica que lleva realizándose desde hace más de una década y sin ninguna consecuencia negativa.
