«Estamos indignadas por la inhumana decisión de Irán de condenar a muerte a dos defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI», han declarado las Cosecretarias Generales de ILGA Mundo, Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown. «Instamos a la comunidad internacional a condenar la brutalidad de este castigo en los términos más inequívocos, y hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y a todos los organismos internacionales para que hagan todo lo que esté en su mano, con todo el alcance del derecho internacional, para impedir esta atrocidad. La sentencia debe ser anulada. Sareh y Elham deben ser liberadas».
A finales de agosto de 2022, el Tribunal Revolucionario de Urumieh, en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental, condenó a ambas a la pena de muerte bajo el cargo de «corrupción en la Tierra», dejando a sus abogados 20 días para apelar la decisión. Como señala el informe de ILGA Mundo sobre la Homofobia de Estado, la vaga disposición de «corrupción en la Tierra» no contiene ninguna referencia explícita a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género o las características sexuales, pero no obstante se ha utilizado en el pasado contra personas LGBTI.
Tras el clamor internacional por la noticia, la agencia de noticias de la judicatura iraní declaró que la sentencia era por cargos relacionados con el supuesto tráfico de mujeres a un país vecino.
«Tales acusaciones carecen de fundamento«, afirmó Shadi Amin, coordinadora de 6Rang (Iranian Lesbian and Transgender Network). «Las autoridades de la República Islámica tienen un largo historial de inventar cargos contra activistas para justificar los castigos corporales. Está claro para todes nosotres que lo que ha ocurrido no es un proceso debido, y que todos los cargos contra las activistas deben ser retirados».
Las condenas a muerte en Irán se han intensificado en los últimos meses. Los informes indican que las autoridades iraníes han condenado a muerte al menos a 251 personas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, en medio de patrones bien documentados de ejecuciones que se llevan a cabo sistemáticamente tras juicios manifiestamente injustos.
Irán se encuentra entre los seis Estados miembros de Naciones Unidas en los que, hasta la fecha, la pena de muerte es el castigo prescrito por ley para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. También hay otros cinco Estados miembros de la ONU en los que ciertas fuentes indican que se podría imponer la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, pero en los que hay menos certeza jurídica al respecto.
En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que condenaba la imposición de la pena de muerte como sanción para las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo (entre otras). La resolución se basa en un informe del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres sobre la cuestión de la pena de muerte, en el que examinó su impacto desproporcionado en diferentes grupos y su uso discriminatorio basado en el género o la orientación sexual.
