Desde hace tiempo, la situación de Polonia en cuanto a los derechos de las personas LGTB+ es preocupante: un tercio de las ciudades del país se han declarado «libres de ideología LGTB+», es decir, rechazan y expulsan de la sociedad a toda persona que se declare homosexual, trans, bisexual e intersexual.
Este movimiento «anti-LGTB+» se ha extendido principalmente por el sudeste del país con el apoyo de la extrema derecha de Ley y Justicia (PiS), en el Gobierno desde 2015. La iniciativa carece de validez jurídica y legal, aunque cuenta con el apoyo del Gobierno polaco, el cual es liderado por Jaroslaw Kaczynski (partido ultraconservador católico), tal y como cuenta El País.
El primer municipio que se unió al movimiento fue el ayuntamiento polaco de Swidnik. Estos consideran que la libertad sexual de las personas es una imposición ideológica que pueden combatir, y adoptaron esta medida que atenta contra las propias personas LGTB+ que viven en el municipio. A raíz de esto, se han subido al carro una treintena de localidades, lo que equivale a la mayoría en el Este de Polonia.
Para ello, la Eurocámara vota en su primer pleno del mes una resolución que pretende declarar a la Unión justo lo contrario: una zona de libertad para que las personas puedan vivir su sexualidad e identidad. Tal y como cuenta la eurodiputada socialista, Mónica Silvana a La SER: «Es importante alzar la voz y poner en la agenda un lenguaje político claro en apoyo a los activistas y a los alcaldes que se oponen a estas ideologías».
Silvana destaca que este mensaje no solo se centra en Hungría o Polonia, sino también a los demás, destacando España, ya que muchos países tienen partidos que hacen apología y contaminan la política de la derecha y por eso deben enterarse «de que el parlamento europeo tiene un discurso claro», explica refiriéndose a las «ideologías malignas».
Las medidas que están llevando a cabo los gobiernos de los países del Este, a pesar de ser simbólicas, tienen una profunda carga de odio LTBIfóbico y tanto el Parlamento como la Comisión Europea han intervenido en repetidas ocasiones para condenarlas. La primera medida comunitaria contra esta iniciativa se tomó el pasado julio, cuando la UE rechazó abiertamente conceder una ayuda económica a seis municipios polacos que se habían declarado «zonas libres de LGTBI». Esta sanción fue apoyada por la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La declaración simbólica que lleva a cabo la Eurocámara hace que los eurodiputados del intergrupo LGTBI crean que sea necesario hacer algo más concreto. Silvana insiste en la activación del artículo 7 de los tratados de la Unión (Tratado de Lisboa en realidad) contra Polonia.
A pesar de ello, el proceso es largo y complicado, por lo que la eurodiputada cree que hay otra vía mucho más esperanzadora, como es la de apoyar a los alcaldes de varias ciudades del llamado ‘grupo de Visegrado’, que piden al Europarlamento que parte de las ayudas de las Unión les lleguen directamente, sin pasar por sus gobiernos. Esto se convierte en una manera mucho más sencilla de «crear ciudades inclusivas que combatan los discursos de odio».
