Igualdad

FELGTBI+, Fundación Triángulo y Chrysallis piden al Gobierno, en el aniversario de la Ley LGBTI y Trans, que la implemente para proteger sus derechos

El 22 de diciembre se cumple un año de la aprobación en el Congreso de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Fundación Triángulo y la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans* Chrysallis, las tres organizaciones que negociaron con el Gobierno el desbloqueo y aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, han pedido este viernes, públicamente, al Gobierno de España, en el aniversario de la aprobación de la Ley, que es más necesario hoy que nunca el despliegue completo de esta ley en sus diversos aspectos, registrales, administrativos, estratégicos, educativos, sanitarios o laborales para frenar el odio.

En el aniversario de la primera aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley, las tres organizaciones impulsoras, ante intentos del Partido Popular de Feijóo y sus socios de Vox de tratar de eliminar los derechos del colectivo LGTBI+ en los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que gobiernan, han querido recordar que la Ley LGTBI+ estatal aprobada hoy hace un año es un límite estatal claro y para ello debe reglamentarse, desarrollarse e implementarse a máximos, para servir de dique de contención ante los discursos y políticas del odio que están promoviendo PP y Vox.

Ejemplos de estas políticas de odio que está sufriendo el colectivo son la censura de libros y obras de teatro con contenido LGTBI+; el impedir poner la bandera LGTBI+ en los consistorios; la eliminación de las subvenciones a toda asociación por ser LGTBI+ contra el principio de no discriminación de la Constitución Española e, incluso, hoy mismo en la Comunidad de Madrid, el intento de mutilar la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, para eliminar la educación en diversidad sexual, la formación y los contenidos sobre diversidad sexual contra el acoso escolar LGTBIfóbico, despenalizar las terapias de conversión contra personas trans y socavar la libre determinación de las personas trans que garantiza la ley estatal, especialmente en el caso de los menores, pretendiendo también  volver a patologizar a las personas trans admitiendo diagnósticos de un tercero o profesional médico, incumpliendo entre otras cosas el nuevo criterio de la OMS. 

A juicio de Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, “la ley debe reglamentarse e implementarse a máximos, porque para eso luchamos en la anterior legislatura, para tener un dique de contención contra el odio. Lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid, como el PP de Feijóo intenta recuperar las terapias de conversión a las personas trans o eliminar los contenidos educativos para prevenir el acoso escolar LGTBIfóbico. Pero la Ley estatal nos protege. Y si la señora Ayuso se niega a cumplir la ley, le pedimos al Gobierno que se haga cumplir.  Nos asiste la ley pero también la razón contra el odio. No vamos a dar ni un paso atrás”.

Jose Maria Nuñez, presidente de Fundación Triángulo. por su parte. ha indicado que “la pasada legislatura fue la que, con una amplia mayoría parlamentaria, convirtió en Ley estatal la protección de los derechos de las personas LGBTI, y en especial la atención integral a las personas Trans. Esta legislatura debe ser la que definitivamente despliegue desde el gobierno de España, y en lo que competa a los gobiernos de las diferentes autonomías, una política pública ambiciosa en materia de diversidad sexual y de género. Es, además de una cuestión de justicia social, la mejor manera de combatir los discursos de odio que proliferan desde Vox, y que de manera implícita respaldan muchos gobiernos del PP. No todos, pero sí la mayoría”.

Encarni Bonilla, presidenta de Chrysallis ha explicado que “la Ley 4/2023 ha sentado las bases y ha dado legitimidad a las reivindicaciones históricas sobre autodeterminación de las personas trans*. Las 14 leyes LGTBI autonómicas existentes regulan los derechos en algunas de las competencias derivadas que tienen las CCAA, principalmente en educación y sanidad. No es cierto que haya que adaptarlas a la ley estatal, no son el resultado de ingeniería social de género sino del diálogo histórico entre el colectivo LGTBI y los diferentes gobiernos regionales de derechas y de izquierdas, tampoco existe inseguridad jurídica ni se criminaliza a profesional alguno. El Partido Popular está cayendo en una peligrosa dinámica blanqueando los discursos de odio y fomentando la violencia contra un colectivo vulnerable. Instamos al gobierno de la nación a que actúe como garante de los derechos humanos del colectivo LGTBI, con especial atención a la infancia y la juventud trans*“.

Manuel Sanchez

Viviendo cada día, evolucionando como persona. La música, el teatro, la lectura y los viajes forman parte de mi. Encantado en Togayther

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba