Caster Semenya titular mundial y olímpica en los 800 metros, vuelve a ser noticia y se muestra decidida a dejar sin efecto unas políticas deportivas que intentan ubicar en el epicentro de un “deporte justo” los tratamientos hormonales invasivos, para modificar funciones naturales de mujeres con hiperandrogenia (exceso de hormonas sexuales masculinas) y de mujeres trans cuyo umbral de testosterona supere los 5 nanomoles por litro de sangre.
Esta política implantada en 2018 por la Federación Internacional de Atletismo (ahora World Athletic) nos introduce en un complejo y contradictorio sistema que incide sobre el cuerpo de mujeres, que ahora deben decidir entre el ejercicio libre del derecho al deporte o someterse a tratamientos médicos no deseados para ser elegibles de participar en competiciones de élite. Para el Parlamento de Sudáfrica y la Comisión Africana de Derechos Humanos se trata medidas discriminatorias.
El cambio de regulación de la World Athletics, obliga a las atletas femeninas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), que compiten en los 400, 800 y 1500 metros, a someterse a tratamientos para reducir los niveles de testosterona. Esta normativa negaría a Semenya su oportunidad de conseguir una tercera medalla de oro olímpica, así como enfrentarse Francine Niyonsaba de Burundi o Margaret Wambui de Kenia, otras dos mujeres con similares condiciones en su desarrollo sexual.
TOKIO 2021
Pero la atleta no se da por vencida y se plantea competir en Tokio el próximo año como velocista en los 200 metros, pero al mismo tiempo “intenta arrojar luz sobre la discriminación y el racismo sistémico en el campo del atletismo internacional” según afirma Greg Nott, su abogado, quien además suscribió recientemente en un artículo de opinión que: “…esta lucha no es solo de Caster, sino de las futuras generaciones de mujeres jóvenes, particularmente de aquellas que viven en países en desarrollo que no tienen recursos para desafiar legalmente su inclusión en los niveles más altos del deporte.”
La legitimidad de intervenciones médicas no deseadas, nos aleja de la idea de un deporte limpio donde solo pueden competir quienes no dan positivos de doping o quienes no se someten a intervenciones que mejoren su rendimiento deportivo.
Centrar el debate exclusivamente en cuestiones genéticas, sin considerar factores como la altura u otras condiciones naturales, las horas de entrenamiento, disciplina deportiva, equipamiento o la concentración al momento de la competición, nos ubica ante un escenario carente de fundamentos científicos suficientes para modificar las normas de participación a la alta competición.
Desafortunadamente la World Athletic siempre ha sostenido en reiteradas ocasiones su no sujeción a los tratados internacionales de derechos humanos, la negativa de aceptar el derecho a la autodeterminación de las atletas trans y estar respaldado por una política garante de los derechos de las atletas femeninas a fin de que participar en términos justos e igualitarios.
El debate es complejo y precisa de una respuesta donde sean analizadas y escuchadas todas las posturas, pero al presentar Caster su caso ante el TEDH, luego de perder dos apelaciones que intentaban revocar el reglamento mundial de atletismo (Corte de Arbitraje Deportivo 2019 – Tribunal Supremo Federal de Suiza, septiembre 2020), se convierte en una oportunidad de denunciar públicamente un problema que precisa una respuesta donde se integren las condiciones naturales con las que nacemos, sin ignorar criterios de participación desde una perspectiva de derechos humanos.
