Este domingo se ha vivido una jornada de alta movilización en Sevilla: miles de personas han concentrado en las inmediaciones del Palacio de San Telmo —sede del Gobierno de la Junta de Andalucía— para exigir respuestas ante los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama en la comunidad. Bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”, las asociaciones de mujeres afectadas han dado voz a una indignación colectiva que reclama medidas urgentes y responsables.
¿Qué ha ocurrido? Los fallos en el programa de cribado
El origen de esta movilización se remonta a numerosos casos de mujeres que, dentro del programa público de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, no fueron informadas a tiempo de que su mamografía o ecografía arrojaba resultados “no concluyentes” o sospechosos que requerían seguimiento. Posteriormente, muchas debieron esperar meses o incluso más de un año para realizar estudios complementarios.
Según los datos proporcionados por la Junta de Andalucía:
Se han identificado 2.317 mujeres que presentaban hallazgos clasificados como BI-RADS 3 (probablemente benignos) y que habían superado el plazo recomendado para seguimiento.
La gran mayoría de estos casos se concentran en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
La Asociación Amama denuncia que hay “varias mujeres muertas ya por retrasos” en la realización de las pruebas complementarias.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias tanto por los retrasos injustificados como por la posible desaparición o manipulación de historiales médicos en el sistema del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La movilización ciudadana: la concentración del domingo
Según informes, la concentración arrancó a las 12:00 h frente a San Telmo, convocada por múltiples asociaciones de mujeres de toda Andalucía, con un fuerte protagonismo de Amama Sevilla. Según la Subdelegación del Gobierno se estima la asistencia en más de 8.500 personas, aunque la Policía Local rebaja la cifra a cerca de 4.500.
En sus intervenciones:
Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, afirmó que “la supervivencia política no puede estar por encima de la humana”.
En pancartas y proclamas resonaban lemas como “Sanidad pública”, “Moreno dimisión” y “Amama, aquí están vuestras hermanas”.
También hubo testimonios personales estremecedores: una mujer contó que tras una mamografía que arrojó resultado dudoso no recibió información alguna y, un año después, fue operada con mastectomía.
Reacciones instituciones y medidas adoptadas
Ante la presión social, la Junta de Andalucía ha reaccionado con una batería de medidas:
- Se aprobó un plan de choque para el programa de cribado de cáncer de mama, dotado inicialmente con 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales sanitarios.
- Posteriormente se amplió el alcance a un plan integral para todos los programas de cribado (mamario, colon y cérvix), con una dotación de más de 100 millones de euros y 709 profesionales.
- Se revisará el protocolo vigente de 2011 para adaptarlo a los avances tecnológicos (como la incorporación progresiva de inteligencia artificial) y mejorar los plazos y la información de seguimiento.
- En el ámbito político, la consejera de Salud, Rocío Hernández Cobo, fue relevada del cargo, y el actual consejero, Antonio Sanz, asumió competencias de Sanidad.
A pesar de ello, las asociaciones siguen exigiendo respuestas claras sobre cuántas mujeres exactamente fueron afectadas, qué criterios se han utilizado para identificarlas y qué medidas de reparación se ofrecerán. El SAS admite que sabía de retrasos “injustificados” desde al menos febrero de 2025.
¿Por qué esta crisis es especialmente grave?
El programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía está dirigido a mujeres de entre 50 y 69 años y consiste en mamografías cada dos años; el sistema prevé que si el resultado no es concluyente, la paciente debe ser informada y se le deben realizar pruebas adicionales.
Cuando este protocolo no se cumple, el riesgo es que un tumor que podría haberse detectado en fase inicial prolifere y avance, lo que reduce significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso. Como declaran varias afectadas: “Soy un error viviente de que el sistema no funcionó como debía”.
Asimismo, la implicación del fallo institucional afecta no solo a los números, sino a la confianza en el sistema público de salud: “El SAS está destrozado”, denuncian las convocantes, aludiendo no tanto al personal sanitario individual como a las estructuras organizativas y de comunicación que habrían colapsado.
Qué reclaman las afectadas y qué implicaciones para la inclusión
Las demandas de las mujeres presentes en la concentración y de las asociaciones organizadoras giran en torno a varios ejes:
- Transparencia: que se publique, de forma clara y con criterios independientes, el número real de mujeres afectadas, los plazos de espera, y las consecuencias clínicas derivadas de los retrasos.
- Responsabilidad: que se identifiquen las causas del fallo —protocolos obsoletos, deficiencias en la comunicación, fallos informáticos—, y se asuman responsabilidades políticas y administrativas.
- Reparación: que se establezca un mecanismo de atención preferente para las mujeres afectadas, incluyendo seguimiento médico específico, apoyo psicológico, y, cuando proceda, compensaciones.
- Refuerzo estructural: que se aumenten los recursos humanos (radiólogas/os, técnicas/os, personal administrativo), las tecnologías de diagnóstico, los programas de seguimiento y que se garantice una atención universal y sin discriminaciones.
Desde la perspectiva de inclusión, es importante subrayar que el derecho a la salud y a la prevención debe contemplar todas las personas con mamas —incluyendo mujeres trans, intersex y personas no binarias—. Este tipo de errores institucionales repercute especialmente en quienes ya soportan mayor vulnerabilidad frente al sistema sanitario. En ese sentido, la movilización de este domingo no sólo es una reivindicación de mujeres cisgénero, sino de un modelo de salud pública que incluya y proteja sin excepción a todas las personas.
Qué esperar de aquí en adelante
Aunque las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía representan un primer paso, las afectadas insisten en que no basta con promesas.
- La comisión de seguimiento creada para este fin deberá garantizar plazos efectivos para la revisión de los casos atrasados.
- La Fiscalía ya investiga posibles delitos de obstrucción a la justicia y manipulación de historiales, lo que añade un componente judicial a la crisis.
- Las elecciones autonómicas en 2026 podrían convertir este asunto en un tema central de debate político, presionando por resultados controlados y visibles.
Para las asociaciones de pacientes, esta movilización es el inicio de una lucha permanente para evitar que ninguna mujer —o persona con riesgo de cáncer de mama— tenga que preguntarse si pudo haberse salvado, si su vida pudo esperar… y comprobar que no puede.
La detección precoz del cáncer de mama es uno de los pilares de la prevención en salud pública: cuando funciona, salva vidas y reduce tratamientos agresivos. Pero cuando falla, el impacto se transforma en angustia, secuelas irreversibles y pérdidas que no pueden cuantificarse sólo en cifras.
Este domingo, Sevilla ha lanzado un mensaje claro: “Nuestra vida no puede esperar”. Y con él, invita a reflexionar sobre qué tipo de sanidad pública queremos —una que esté a la altura de la urgencia, de la igualdad, de la dignidad de todas las personas.
