Esta derogación fue impulsada por el diputado suplente del Partido Nacional Carlos Iafigliola, a petición de grupos evangelistas del país, que creían tener el apoyo suficiente para eliminar los derechos de las personas trans en Uruguay.
Dicha Ley, que fue aprobada a finales de 2018, incluye medidas como una cuota para acceder a empleos y becas educativas, así como facilidades para la alteración hormonal y las operaciones de cambio de sexo.
Pero Uruguay ha demostrado que quiere ser un país que lucha contra la transfobia y apenas un 10% de la población fue a votar a este prereferendum. Cifra muy alejada del 25% (600.000 personas) que necesitaban estos tránsfobos para poder tramitar la derogación de la Ley Integral para personas trans en Uruguay.
Este resultado es gracias a las personas activistas del país que han luchado contra el discurso tránsfobo y retrógrado a favor de los derechos humanos.
En España, seguiremos luchando para tener una Ley Estatal Trans que lleva enquistada en el Congreso durante años y que esperamos que en breve sea tramitada.
