
El pasado lunes, la organización LGBT-Network, que lucha por los derechos de las personas LGTBI —junto con cinco abogados de derechos humanos del grupo recientemente disuelto Komanda 29— entró en la lista de «agentes extranjeros» del Ministerio de Justicia ruso.
La directora de la oficina de Amnistía Internacional en Moscú, Natalia Zviagina, tras conocer los hechos, argumentó que era «más allá de vergonzoso» que el Ministerio de Justicia tilde a abogados «comprometidos y con principios que defienden los derechos de las personas» de «no bienvenidos y extranjeros». Las autoridades se excusan en que la clasificación permite identificar quienes son los que reciben «financiación extranjera» y quienes participan en las «actividades políticas».
LGBT-Network
Es una organización rusa que se fundó en 2006 para luchar por los derechos civiles de las personas LGTBI. Actualmente, cuenta con 17 sucursales y es uno de los grupos más importantes en la región y el extranjero — rescataron hace cuatro años a personas que estaban siendo secuestradas, torturadas y asesinadas durante la purga «gay» que hubo en Chechenia.

La organización, ante la actitud del gobierno ruso, expresó en un comunicado que seguirá luchando en los tribunales para eliminar la designación:
«La Red LGBT rusa no está de acuerdo con este estado. No estamos involucrados en actividades políticas, ofrecemos ayuda legal y psicológica (y) defendemos los derechos de la comunidad LGBT +.”
Ivan Pavlov, destacado abogado en Rusia, y cuatro compañeros miembros del disuelto grupo Komanda 29 también fueron señalados como «agentes extranjeros». Ante esa designación, Pavlov escribió en las redes sociales que lucharían contra las acciones del gobierno ruso.
Rusia y su lucha contra el colectivo
El país liderado por Putin tiene una larga historia en cuanto a leyes que restringen los derechos humanos y la inclusión LGBTQ + como, por ejemplo, la ley que prohíbe cualquier tipo de “propaganda» homosexual — silenciando de esta forma las marchas del Orgullo en la calle.
El año pasado pudo denegar el matrimonio homosexual ya que en la Constitución se especifica que la unión matrimonial solo puede darse entre un hombre y una mujer. Ahora, en los últimos meses, ya ha designado como “agentes extranjeros” a medios independientes, periodistas y grupos de derechos civiles. Dos tuvieron que disolverse para evitar mayores represalias.
