La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) considera reaccionaria la sentencia judicial emitida este lunes 19 de octubre, a la que ha tenido acceso, y que obliga a pagar a un hombre, Javier Vilalta, por, supuestamente, haber ocultado su orientación sexual a su exesposa que lo ha denunciado nueve años después de su ruptura matrimonial.
La resolución declara la nulidad del matrimonio y obliga al acusado a pagar 1.000 euros a la demandante por cada uno de los tres años que duró su enlace. Sin embargo, según FELGTB, lo más preocupante es el precedente tan peligroso que sienta esta sentencia contra los derechos fundamentales al judicializar las orientaciones sexuales no heterosexuales.
Asimismo, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, denuncia que “se ha juzgado públicamente la orientación sexual de una persona, lo que ya en sí mismo constituye un acto inconstitucional, pero, además, la sentencia lanza el mensaje a la sociedad de que cualquiera que tenga una vida sexual fuera de la normatividad puede ser juzgado y condenado”.
Además, FELGTB pone de manifiesto el desconocimiento en relación a las realidades LGTBI de los jueces que han llevado el caso. Y es que, pese a que el acusado se ha declarado abiertamente bisexual, la sentencia habla de homosexualidad y se basa en el hecho de que Vilalta había mantenido relaciones con personas de su mismo género antes de su matrimonio con una mujer, de manera que su relación con ella, no podía ser sincera.
“Se trata de una sentencia completamente bifóbica que niega directamente la existencia de la bisexualidad al ni siquiera considerarla una opción”, explica Sangil.
En este sentido, la presidenta recuerda la importancia de la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación de las personas LGTBI para garantizar la formación de la judicatura en material LGTBI y que se eviten sentencias motivadas por el desconocimiento.
Y es que, Sangil alerta de que esta resolución abre la posibilidad de “volver a motivar los divorcios fiscalizando el comportamiento sexual previo y posterior de las personas implicadas”. En este sentido, la presidenta declara que “estamos ante una sentencia más religiosa que civil que considera la orientación sexual no normativa como fuente de sanción legal”.
