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Denuncia contra la transfobia en centro educativo en Jerez

Después de la atención en consulta en nuestro Punto Arcoiris, sin lugar a dudas el diagnóstico retrataba un claro caso de depresión y ansiedad en la persona menor trans, producido por un acoso colectivo, constante y consentido que estaba recibiendo en dicho centro educativo por parte del conjunto de la comunidad educativa

Este pasado mes de febrero llegó de forma urgente al servicio de Punto Arcoiris de Jerez un caso de transfobia escolar que, después de poder haber sido alcanzada una solución satisfactoria para la familia, se quiere trasladar en esta denuncia pública que nos remite JereLesGay, para, precisamente en el año 2024 de “Educación en Diversidad” y subrayar la importancia de una actuación clara, inmediata y eficaz contra los delitos de odios en los centros educativos ya que, como se pudo comprobar en este caso, aún hay centros educativos que no solo permiten todavía la transfobia sino que además colaboran de un modo u otro con ella, lo cual es aún más grave teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas trans que en este caso son, también, menores de edad.

En este caso, se solicitó ayuda a JereLesGay por parte de una familia con menor trans en el IES Romero Vargas, centro educativo ubicado en la ciudad de Jerez. Después de la atención en consulta en el Punto Arcoiris, sin lugar a dudas el diagnóstico retrataba un claro caso de depresión y ansiedad en la persona menor trans, producido por un acoso colectivo, constante y consentido que estaba recibiendo en dicho centro educativo por parte del conjunto de la comunidad educativa. Este diagnóstico fue posteriormente corroborado al completo por el informe de Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI) por lo que no dejaba margen de duda sobre la muy dura realidad que había estado viviendo y se seguía viviendo en el centro educativo.

Sin embargo, la actuación llevada a cabo en el IES Romero Vargas era desoladora, en un claro caso de transfobia, como se precisa a continuación:

  1. Incumplimiento legal. El centro educativo se negó a cambiar el nombre de la persona menor trans, a pesar de lo claramente dispuesto en el punto 2 del apartado “Medidas organizativas y educativas” del Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio, de la Consejería de Educación que dice expresamente “Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna” bajo la excusa injustificada y persistente de no poder hacer nada. Tan sólo adoptó finalmente ciertas medidas, catalogadas por el centro como excepcionales, y autorizadas de forma expresa por la familia a modo de descargo legal, bajo la casuística de “capricho adolescente”.

  2. Negación del acoso e inacción. El centro educativo abrió, como mecanismo administrativo, un expediente por acoso si bien para concluir que no existía ningún acoso, postura mantenida por el equipo directivo en todo momento, y que, a todas luces, consideramos incomprensible e infundada. Esta negación del acoso se tradujo en inacción expresa por parte del centro educativo, retrasando cualquier otra medida administrativa. Se debió esperar, como último recurso, al informe final de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI) para corroborar que, efectivamente, la persona menor estaba siendo sometida a un acoso colectivo con graves secuelas psicológicas.

  3. Denuncias continuadas: como pruebas de la que la comunidad educativa del IES Romero Vargas ejerció un acoso colectivo continuo, persistente y visible durante al menos los dos últimos años ante el cual el equipo directivo no hizo caso, en las denuncias continuadas realizadas por la familia se detallan afirmaciones como “no te hormones porque nunca vas a sentir lo mismo” expresada por una profesora o “se te van a ver los genitales con esa ropa” por una alumna.

  4. Dirección colaboracionista: El propio equipo directivo no sólo no resolvió de forma inmediata el acoso y así cumplir por tanto con lo contemplado en el protocolo legal de la normativa vigente sino que con su inacción formó parte de ese acoso colectivo. El equipo directivo llegó a responsabilizar a la víctima de sus propias reacciones frente al acoso recibido y se posicionó de forma colaboradora en la transfobia institucional. A modo de ejemplo, el equipo directivo modificó durante el curso escolar la normativa de vestuario con la que se podría asistir al centro y, en base a ella, revictimizar gravemente a la persona menor trans de que todo procedía de su vestimenta, justificando ante la persona acosada que “si el profesor de matemáticas se vistiera de mujer, también se meterían con él”. 

Desde JereLesGay se considera que el retraso injustificado y desproporcionado por parte del centro educativo en la implementación de medidas organizativas y educativas según dictamina la Orden de 28 de abril de 2015, entre otra normativa vigente aplicable, sólo puede ser fruto de la intencionada dejadez administrativa y de la negación consciente de las realidades trans en el alumnado, torpedeando cualquier solución en un claro caso de transfobia escolar.

Desde el primer momento, desde JereLesGay se intenta reunir presencialmente con el equipo directivo con el fin de, en primer lugar, dialogar y esclarecer de buena voluntad los hechos y trasladarles la normativa legal en cuanto a realidades trans que como centro educativo deberían estar implementando. Sin embargo, desde el centro educativo se les comunicó en todo momento su negativa a dicha reunión presencial justificándose, según el propio centro, en que estaban cumpliendo el mandato que les había sido trasladado por parte de la Inspección Educativa acerca de que el equipo directivo no podía ni debía reunirse con JereLesGay.

Finalmente la familia, ante la transfobia colectiva denunciada pero consentida en el IES Romero Vargas, ha podido reubicar a través de cauces administrativos superiores a la persona menor trans en otro centro educativo, aunque deba para ello desplazarse a 5 km del hogar familiar (centro actual que no se nombra por prevención y protección de la persona menor). En este otro centro educativo sí se cumplen con los protocolos legales con las realidades trans, sí se le ha cambiado el nombre desde el primer momento de la matrícula, sin retrasos ni excusas, y sí se han articulado medidas organizativas y educativas para la debida atención de la diversidad en identidad de género.

Desde JereLesGay lamentan que la única solución posible para este caso haya sido la inmediata reubicación a otro centro de la persona trans menor acosada, en vez de que el IES Romero Vargas haya aprovechado esta oportunidad para adoptar sin ambages medidas que promuevan la reeducación de la comunidad educativa en diversidad sexual, afectiva e identidad de género, protegiendo a la víctima y promoviendo el respeto a la diversidad y la erradicación de cualquier acoso y agresión de transfobia.

Se denuncia por parte de JereLesGay que aún existan espacios públicos, especialmente educativos, donde se esté dando cobijo a la transfobia bajo la apariencia de procesos intencionadamente complejos y alargados, bajo la excusa de recovecos administrativos que se acaban traduciendo en un manifiesto incumplimiento legal, en una visible inacción educativa, que se suma a la negación inexplicable del acoso sometido a personas menores trans, junto a comentarios revictimizantes constantes desde la propia comunidad educativa, con todo lo que esto implica. 

Por todo esto y una vez solucionado el caso expuesto, esta denuncia pública también tiene como fin llamar la atención sobre otras personas menores trans que pudieran estar pasando por la misma situación, sea en el IES Romero Vargas o en otro centro educativo, sobre las personas menores trans que en un futuro pudieran vivir la misma situación si no se toman medidas claras, contundentes e inmediatas que no solo hagan cumplir la normativa vigente que atañe a todos los centros educativos andaluces sobre las realidades individuales del alumnado sino que, además, promuevan de forma visible y sin fisuras para toda la comunidad educativa unos espacios educativos que sean seguros, inclusivos y de crecimiento libre de odio y prejuicios.

La educación es clave para una sociedad más diversa, más libre y más justa y casos como el descrito en esta denuncia claramente reman en la dirección contraria.

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