Activistas tunecinos del colectivo LGBT+ se han convertido en «blanco» de las fuerzas de seguridad del país durante las protestas populares de las últimas semanas y han sido víctimas de arrestos arbitrarios, agresiones físicas y amenazas de violación y muerte, tal y como ha denunciado Human Rights Watch (HRW).
La ONG internacional reveló haber documentado al menos una decena de malos tratos en el marco de las manifestaciones celebradas en el último mes, que empujó a cientos de ciudadanxs a salir a las calles para reclamar mejores condiciones de vida, manifestándose contra la violencia policial.
«Estas personas han sido acosadas en las redes sociales, en las que se han divulgado sus datos personales como su dirección, número de teléfono así como su orientación sexual. Han sido además denigradas, publicando fotos con mensajes incitando a la violencia contra ellas», afirmó HRW en su informe.
Otro de los problemas observados, añadió, fue la prohibición de asistencia jurídica durante su detención.
«Las fuerzas de seguridad deben proteger el derecho a manifestarse pacíficamente y no a acosar a activistas cuyo compromiso ha contribuido a la reputación de Túnez como líder regional en materia de Derechos Humanos», afirmó la investigadora del programa de Derechos LGTB+ de la organización, Rasha Younes.
El texto recordó además la existencia del artículo 230 del Código Penal, que condena la homosexualidad con hasta tres años de cárcel, y advirtió del aumento de la persecución contra las personas de nuestro colectivo LGBT durante la pandemia del coronavirus así como una mayor represión en los últimos años hacia las organizaciones que defienden sus derechos.
Como consecuencia, explicó, que varios de los testigos han tenido que abandonar su domicilio y suprimir sus cuentas en las redes sociales y una de las víctimasm incluso, se ha visto obligada a huir del país tras recibir una paliza por parte de la policía, después de que sus datos personales fueran divulgados públicamente.
Asimismo HRW criticó al primer ministro, Hichem Mechichi, por haber alabado la «profesionalidad» de las fuerzas de seguridad durante las protestas y acusar a los manifestantes de «incitar a los agentes para recurrir a la violencia».
Por ello, la ONG instó a la comunidad internacional a presionar al gobierno tunecino para que exija responsabilidades a los cuerpos del orden y vigile al poder judicial para que «cese de invocar motivos injustificados, como alegaciones vagas de «moralidad», que restringen las libertades fundamentales de las minorías sexuales y de género socavando los derechos de libertad de reunión, asociación y expresión».
Según la Asociación Tunecina para la Promoción de los Derechos Humanos y los Derechos de las Minorías (Damj), su equipo jurídico ofreció asistencia durante 2020 a un total de 116 personas del colectivo LGBT, cinco veces más que el año anterior, por lo que mostró su preocupación por el aumento «alarmante» durante la crisis sanitaria.
