Portugal se convierte en el sexto país de la Unión Europea en reconocer el derecho a cambiar la identidad legal desde la libre elección personal, eliminando exigencias patologizadoras como el diagnóstico médico.
La ley representa una victoria para el colectivo trans e intersex en tanto regula el derecho a la autodeterminación de género y protege la integridad corporal de las personas, reivindicaciones que suponen una ruptura en el discurso clínico-legal que hasta el momento domina el abordaje de estas realidades.
El texto por el que se modifica la vigente Ley 7/2011, aún pendiente de aprobación por el presidente de la República y su publicación en el Diario Oficial del Estado, fue apoyada por 109 votos del parlamento de 230 escaños, luego de dos años de arduo trabajo por parte de activistas LGBTI en Portugal.
El texto destaca por las siguientes formulaciones:
- Las personas podrán modificar su género legal a través de un procedimiento basado en la autodeterminación. Es la persona desde la autonomía personal, la fuente de decisiones concernientes a su identidad y expresiones de genero.
- Las personas trans no requieren ser diagnosticadas con trastorno de identidad de género para que su género sea legalmente reconocido.
- Los jóvenes de 16 años en adelante podrán acceder a este procedimiento.
- Será ilegal realizar una cirugía innecesaria en niños intersexuales.
Con este resultado histórico, Portugal se une a Noruega, Dinamarca, Bélgica, Irlanda y Malta, una lista de países que se inspiran en la autodeterminación de género, modelo que se estableció por primera vez en el discurso jurídico al entrar en vigor la Ley Argentina 26.743 sobre identidad de género de 2012. Durante la aprobación de la Ley portuguesa, se han formulado críticas a este modelo de reconocimiento, al considerarlo una licencia para convertir los espacios de mujeres en sitios inseguros, a la vez que permite el acceso a los servicios públicos de personas con expresiones de género diversas.
Por el contrario, desde ILGA Portugal se ha querido destacar que «con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vivencia diaria. En el mismo sentido, al proteger las características sexuales de bebés y niños intersex, asegura que estas personas tienen el derecho de experimentar la vivencia de sus cuerpos en su totalidad, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad», ha declarado desde la dirección Daniela Bento.
La ley se enfrenta en este momento a un proceso de mucha más significación que su aprobación y es su implementación, de manera que debemos mirar con detenimiento al entrar en vigor, cuáles son las directrices y protocolos en salud o educación, que logran proteger de forma efectiva los derechos fundamentales de las personas trans e intersexuales. Otras preocupaciones también acompañan este proceso, pues grupos de derechos como la Organización Intersex Internacional (OII) consideran que la falta de precisión sobre las cuestiones intersex, podría propiciar la realización de cirugías a los menores intersex al margen del principio que defiende la ley.
España podría convertirse en el próximo país europeo en acoger en su legislación el derecho a la libre determinación de la identidad de género y por tanto hacer que las recomendaciones del Consejo de Europa sobre buenas prácticas en el reconocimiento legal de personas trans formen parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Recientemente la Plataforma por los Derechos Trans celebró que en la primera etapa de tramitación parlamentaria la Ley Trans Estatal no ha sido vetada, de manera que estemos cada vez más cerca de un cambio en el modelo de regulación de las realidades trans en España.
Ahora… celebremos junto a Portugal el avance en los derechos de la población trans e intersex.
