La lucha contra los discursos de odio no puede depender de los vaivenes políticos. Esa es la idea central que ha lanzado este lunes el Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, que considera imprescindible que la protección frente al odio quede blindada mediante un Pacto de Estado.
Coincidiendo con el arranque del proceso de negociación con los grupos parlamentarios para tramitar esta medida, las organizaciones que integran esta alianza han sido contundentes: solo un Pacto de Estado puede garantizar una salvaguarda sólida, estable y duradera en el tiempo, más allá de los posibles cambios de gobierno.
Desde el Pacto Social insisten en que no se trata de una simple cuestión terminológica. A su juicio, hablar de Pacto de Estado implica aspirar a reformas estructurales, mecanismos de protección estables y una base jurídica que permita responder de forma eficaz ante el avance del odio contra las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Una herramienta que vaya más allá de los ciclos electorales
La alianza, suscrita en 2023 y liderada por la Federación Estatal LGTBI+, defiende que esta fórmula es la única capaz de trascender los ciclos electorales y los intereses políticos del momento. Según sostienen las entidades firmantes, un Pacto de Estado permitiría establecer protocolos específicos, recursos suficientes, protección efectiva para las víctimas, organismos competentes y una mejor tipificación del odio en el Código Penal.
En otras palabras, supondría dotar a esta cuestión de una arquitectura institucional y jurídica firme, en lugar de dejarla a merced de medidas puntuales o acuerdos débiles que puedan deshacerse con facilidad en la próxima legislatura.
Críticas al texto preliminar
Tras tener acceso al informe de conclusiones y al texto preliminar sobre el que este lunes se inicia la tramitación parlamentaria, el Pacto Social ha expresado también su malestar por las carencias del documento.
Entre los principales déficits detectados, las entidades señalan la falta de presupuesto asignado, la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación y la no inclusión de cuestiones fundamentales como la discapacidad, la accesibilidad de las medidas o las acciones orientadas a la inclusión social de colectivos especialmente expuestos a los discursos de odio, como las personas migrantes.
Por ello, las organizaciones han advertido de que no harán aportaciones a un texto que no persiga de manera clara la aprobación de un Pacto de Estado. Para la alianza, aceptar una fórmula más débil supondría renunciar a una protección real para millones de personas.
“No aceptaremos un texto descafeinado”
El mensaje que trasladan las entidades es claro: no están dispuestas a respaldar una propuesta simbólica o insuficiente. Consideran que un texto sin ambición política, sin financiación y sin capacidad real de transformar la respuesta institucional frente al odio sería, en la práctica, una herramienta frágil y fácilmente reversible.
De hecho, recuerdan que el Pacto Social ya existe en el plano civil y asociativo, porque esa alianza entre organizaciones ya se ha construido. Lo que falta ahora, subrayan, es que ese consenso se traduzca en un compromiso parlamentario firme.
En ese sentido, avisan de que cualquier alternativa al Pacto de Estado sería una oportunidad perdida y dejaría nuevamente expuestas a millones de personas frente al odio y sus consecuencias.
Una alianza amplia en defensa de los derechos humanos
El Pacto Social contra los discursos de odio está formado por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y sindicatos que llevan más de dos años impulsando esta medida. Entre sus integrantes se encuentran la Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, el Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, la Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, además de los sindicatos CCOO y UGT.
La reivindicación llega en un momento especialmente sensible, en el que los discursos de odio continúan impactando de forma directa sobre la vida de personas LGTBI+, migrantes, racializadas, con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Por eso, las organizaciones insisten en que no basta con declaraciones institucionales: hacen falta compromisos jurídicos, políticos y presupuestarios concretos.
Con esta posición, el movimiento social marca una línea clara al inicio de la negociación parlamentaria: la protección frente al odio debe blindarse con ambición, con recursos y con vocación de permanencia. Y, para ello, sostienen, solo un Pacto de Estado está a la altura.
