Desde hace varias semanas, el Partido Socialista ha mantenido diversas reuniones con los colectivos LGTB+ con la intención de desbloquear la Ley Trans tras las discrepancias con el Ministerio de Igualdad por la propuesta de la Ley Trans.
En esta reuniones, el partido de Carmen Calvo ha propuesto una alternativa al borrador impulsado por Irene Montero que contempla algunos requisitos para el cambio de sexo legal, pero estos no convencen ni a Igualdad ni a las distintas asociaciones.
Los socialistas desechan la necesidad de la aportación de informes médicos y psicológicos (que hasta el momento eran necesarios para el cambio de sexo legal), pero están a favor del deber de dar algún tipo de información al Registro Civil que «acredite» la transición.
El planteamiento es que dicha documentación «garantice la estabilidad y la persistencia» de la situación. Un ejemplo podría ser un «testimonio personal» de alguien del entorno. La propuesta se fundamenta en el hecho de que «nuestro Registro Civil es de hechos probados», explica una de las fuentes consultadas por elDiario.es.
Por otro lado, se pretende acotar a seis meses el plazo máximo de tiempo en el que el Registro Civil tenga que resolver el cambio de sexo de la persona que lo reclama y que la expedición del DNI y otros documentos oficiales se lleve a cabo sin el correspondiente pago de tasas. A su vez, se apuesta por dar un margen de otros seis meses para la reversibilidad (siendo dos el número total de cambios de sexo legal), y que, pasado ese plazo, se requiera una resolución judicial para una nueva modificación.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que es la responsable de Igualdad del PSOE, ya manifestó que la modificación registral no podía llevarse a cabo por el «mero deseo o voluntad» de la persona y defendió que el procedimiento debía contar con «garantías».
Sin embargo, tanto el Ministerio de Igualdad como los colectivos consideran que el texto ya las contempla y que lo que buscan las personas trans es que el Estado reconozca su identidad, no sus deseos o elecciones. Una reclamación que ha estado en el centro de las demandas del colectivo históricamente y que formó parte de las protestas en todo el mundo por el Día de la Visibilidad Trans del pasado jueves.
Este planteamiento ha resultado «inaceptable y un retroceso» para el reconocimiento de la identidad para los colectivos LGTB+, y opinan que solicitar esta información «sigue cuestionando y presuponiendo fraude sobre la identidad de las personas trans». La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Chrysallis y Fundación Triángulo, califican la propuesta de «ocurrencia extravagante» y creen que sería «una vuelta a la judicialización».
Una ley con background
Igualdad se mantiene en su idea y se limita a apuntar al consenso que ya hubo en el Congreso en esta materia en 2019. El texto de la Ley Trans es prácticamente calcado de la ponencia que apoyaron todos los grupos entonces y que el propio PSOE había presentado dos años antes. En ella se estipula que el cambio de sexo legal debe basarse única y exclusivamente en la «declaración expresa» de la persona.
«Esta ley está respaldada por una mayoría y por expertos y expertas juristas», argumentan fuentes del departamento de Irene Montero. No obstante, un argumentario interno del PSOE hecho público el pasado verano se posicionó en contra.
FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis opinan que la alternativa de los socialistas va «contra el principio de autodeterminación que recomienda la Unión Europea». La Comisión Europea apuesta por los modelos «basados en la autodeterminación y sin restricciones de edad» y por la eliminación de los requisitos médicos, pero no se ha referido a este tipo de fórmulas como las que propone el Partido Socialista.
Esta Comisión define la autodeterminación como «un método para acceder al reconocimiento legal del género» que se basa en una afirmación legal por parte de la persona trans, sin más requerimientos».
El asunto no solo levanta polémica en el seno del Gobierno, sino que es el núcleo de un debate dentro del movimiento feminista. Un sector considera que la autodeterminación de género tendría consecuencias para los derechos de las mujeres (como podría ser que los agresores afirmasen ser mujeres y eludir la Ley de Violencia de Género o entrar en módulos femeninos en las cárceles).
Otra parte del movimiento apoya la ley y defiende que el feminismo «no puede usarse para cuestionar los derechos de las personas trans», según un manifiesto.
Cada vez más cerca
La parte del gobierno socialista es consciente de que el planteamiento choca con Igualdad y con los colectivos LGTB+ pero subrayan que lo importante es que la «negociación está abierta». «Tenemos la mayor disposición para intentar llegar a un acuerdo y presionar al Gobierno para que flexibilice al máximo la posición», expresan fuentes del gobierno. Pero el partido de Pedro Sánchez espera llegar a un entendimiento que cumpla con el plazo de que el anteproyecto se apruebe en el Consejo de Ministros a finales de abril o principios de mayo, para que la tramitación llegase para el Orgullo.
Hace ya dos meses, el pasado 25 de enero, que Irene Montero y Carmen Calvo se reunieron por primera vez con los dos textos encima de la mesa y poco después se conoció el borrador elaborado por Igualdad, del que el PSOE se distanció aduciendo que se trataba de la «posición» de Unidas Podemos. La parte socialista del Gobierno detuvo entonces la negociación hasta que encontrara una alternativa.
