El referéndum, impulsado por la conservadora Coalición por la Familia y apoyado por la Iglesia Ortodoxa, necesitaba el 30% para salir adelante. Muy lejos de ello, tan sólo un 20,4% de la población rumana ha acudido a las urnas, a pesar de que han tenido dos días para poder ejercer su derecho al voto.
En la actualidad, la Constitución define al matrimonio como «la union libremente consentida entre dos esposos«. La consulta de este pasado fin de semana cuestionaba si la ley debía ser modificada para que «matrimonio» significase «el vínculo entre un hombre y una mujer». Como era de esperar, las asociaciones LGTB+ del país llamaron a la abstención como forma de boicotear el referéndum. Algo que parece haber surtido efecto.
El fracaso de dicha consulta supone otro varapalo para el Gobierno rumano, compuesto por los miembros del partido Socialdemócrata, recientemente acusado de corrupción. Asimismo, Bruselas está mirando con lupa cada paso que da este gobierno, ya que se tiene sospecha que las últimas reformas socavan la independencia judicial.
Las organizaciones LGTB del país informan de que durante toda la campaña publicitaria del referéndum el lenguaje ha sido agresivo y ofensivo para todo el colectivo. De hecho, el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, dijo en una entrevista en la televisión rumana que, de no vetar el matrimonio homosexual, podrían producirse uniones “entre un hombre y un animal”.
A pesar de estas declaraciones, los impulsores del polémico referéndum usan como argumento que Rumanía quiere recuperar sus valores «conservadores» frente a las ideas progresistas de los países occidentales de la Unión Europea. Pero la sociedad civil ve el referéndum contra el matrimonio homosexual como una cortina de humo para que los medios hablen de él y no de las tramas de corrupción que se están investigando entre los dirigentes del país.
