La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ha solicitado a la Comisión Europea que impulse medidas legislativas para prohibir las llamadas terapias de conversión en toda la Unión Europea. Estas prácticas, destinadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGTBI+, han sido calificadas por Naciones Unidas como formas de tortura.
La petición se produce después de que una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) presentada en Bruselas el pasado mes de diciembre superara ampliamente el millón de firmas necesarias para obligar a la Comisión Europea a estudiar una propuesta normativa.
Durante su intervención en el V Congreso de Empresa y Derechos Humanos, organizado por la propia federación, el vocal de Relaciones Exteriores de la FELGTBI+, Óscar Rodríguez, calificó la iniciativa como un “éxito histórico”. Según explicó, el respaldo ciudadano logrado en toda Europa supone un mandato claro para que las instituciones comunitarias respondan con una propuesta legislativa que garantice la protección de las personas LGTBI+.
Rodríguez recordó además que esta iniciativa se alinea con la II Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026-2030 impulsada por la Unión Europea.
Avances en derechos trans en la UE
Durante el mismo encuentro, también se celebró la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce el derecho de las personas trans a que su identidad sea reflejada en documentos oficiales dentro de los Estados miembros.
Para la FELGTBI+, esta decisión refuerza el marco de protección de los derechos fundamentales dentro del derecho comunitario.
En este sentido, la presidenta de la organización, Paula Iglesias, señaló que en España persisten dificultades para las personas trans migrantes, que en muchos casos no pueden ver reflejada su identidad de género en documentos como el NIE o la TIE.
Según Iglesias, la resolución del tribunal europeo evidencia que los Estados miembros deben adecuar su normativa y documentación para garantizar este derecho.
Un contexto internacional marcado por discursos de odio
La presidenta de la federación también alertó de que el avance de los derechos LGTBI+ convive actualmente con una ola reaccionaria internacional, marcada por el aumento de discursos de odio y ataques a colectivos vulnerables.
Aun así, defendió que estos retrocesos pueden revertirse mediante el compromiso institucional y la movilización de la sociedad civil.
En ese sentido, destacó iniciativas como el Pacto de Estado contra los discursos de odio, impulsado por organizaciones sociales y sindicatos para promover una respuesta estructural frente a este fenómeno.
El papel de la política exterior y la sociedad civil
El congreso también contó con la participación de la directora de Programas del Real Instituto Elcano, María Solanas, quien subrayó que la adopción de una Política Exterior Feminista en España ha reforzado la imagen del país como actor comprometido con los derechos humanos en el ámbito internacional.
Solanas destacó además el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, no solo como espacios de movilización social, sino también como generadoras de conocimiento y redes de cooperación.
Desinformación y discursos de odio en el entorno digital
Otro de los temas abordados en el encuentro fue la implementación en España de la Digital Services Act (DSA) o Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, una normativa que busca crear un entorno digital más seguro y transparente.
Según explicó la investigadora de la Universidad Complutense Elisa García, la hostilidad digital hacia colectivos como el LGTBI+ no surge de forma aislada, sino que se alimenta de varios factores estructurales, entre ellos la construcción identitaria en comunidades online, la validación social mediante discursos agresivos y el funcionamiento de algoritmos que amplifican contenidos polarizantes.
Por su parte, Marina Sacristán, responsable de Políticas Públicas en Maldita.es, señaló que muchas narrativas de desinformación se centran en cuestionar las políticas públicas dirigidas al colectivo LGTBI+ o el uso de recursos públicos en iniciativas de igualdad.
La representante de la Comisión Europea en España, Eugenia de la Rosa, recordó que la DSA considera la desinformación como un riesgo sistémico, lo que obliga a las grandes plataformas digitales a asumir responsabilidades en su gestión.
No obstante, subrayó que la lucha contra la desinformación requiere la implicación conjunta de plataformas tecnológicas, anunciantes, verificadores y ciudadanía.
