La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, pidió «seguridad jurídica» en el borrador de la nueva ‘ley trans’ el pasado jueves. El proyecto prevé que los mayores de 16 años puedan cambiar el nombre y el sexo en el DNI con una «declaración expresa» de la persona, la conocida como la libre autodeterminación de género. La socialista declaraba para La SER:
«A mi me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los españoles».
En noviembre, el Gobierno lanzó una consulta pública en la que planteaba eliminar cualquier requisito médico o psicológico para que quien se considere hombre o mujer, lo sea también a efectos legales.
Para el colectivo transexual es un avance y parte del movimiento feminista lo apoya. Para otra parte es una amenaza, ya que mucha gente considera que el sexo no es algo que se elija, lo que haría que todas las leyes que protegen específicamente a la mujer estarían en riesgo.
El debate ya existía pero se intensificado cuando el Ministerio de Igualdad, comandado por Irene Montero, ha lanzado una consulta pública abierta para elaborar una ley «plena y efectiva» de las personas trans.
Este proyecto de ley ha creado nuevas fricciones entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, las cuales se han visto intensificadas tras las declaraciones de la vicepresidenta a la Cadena SER la pasada semana.
«El problema no es solamente la edad. El problema es que tenemos que generar nuevos derechos que tienen que entrar a funcionar con otros derechos que ya existen. Los derechos nunca son absolutos en democracia, siempre tienen límites que ponen otros derechos», declaraba Calvo.
Sin embargo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha lamentado las «palabras desafortunadas» de la socialista.
«La identidad de género no se elige sin más, no es una capricho, no es voluntad, ni es deseo. Las personas trans somos trans», recalcaba la presidenta de la federación, Uge Sangil. Además, el grupo pide la dimisión de Carmen Calvo ya que les «parece inaceptable y una frivolidad que la identidad de las personas trans se sitúe en el derecho o capricho».
Con esto, fuentes del Ministerio de Igualdad recordaban el pasado miércoles que no existen grandes diferencias entre el borrador propuesto y elaborado por organizaciones LGTB+ y la proposición de ley impulsada por el PSOE en 2019 en la Comisión de Justicia. Esta contemplaba ya por entonces la posibilidad de un cambio legal del sexo y el nombre en el DNI sin necesidad de informes médicos ni de hormonación.
La ‘Ley trans’ y el feminismo
A raíz de la propuesta de ley, parte del movimiento feminista, entre las que se encuentran algunas feministas históricas del PSOE, llevan meses denunciando que la libre autodeterminación de género puede tener consecuencias nefastas para las mujeres en el abordaje de la violencia de género o la paridad. La vicepresidente firmó el pasado verano un argumentario de su partido en calidad de secretaria de Igualdad. Este documento ha sido tachado de «transfóbico· por la plataforma Trans.
A juicio de estas «históricas feministas», presentar esta ley como un avance en derechos humanos es «propaganda», ya que supone un retroceso en las políticas de igualdad entre los sexos. Creen además que la infancia correría peligro:
«Referirse a una ‘infancia y menores de edad trans’ no es en absoluto progresista, sino políticamente reaccionario y constitutivo de posible abuso infantil», manifiesta la carta abierta que ha escrito este grupo de mujeres.
