Igualdad

Motivos para una Ley Trans Estatal

La lucha del movimiento y activismo trans ha insistido en la necesidad de reconocimiento jurídico a través de una regulación específica que garantice de forma efectiva sus derechos fundamentales

Los ordenamientos jurídicos e instituciones, los sistemas de identificación personal, la organización y estructuras socio-administrativas como los colegios, los complejos penitenciarios o el registro civil, están concebidos desde una perspectiva heteronormativa, binaria y ciega a la realidad de las personas trans.

Tras celebrarse recientemente el I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación promovido por la organización ultracatólica Hazte Oír, algunos de los participantes declararon que “las mujeres trans son hombres fetichistas que se disfrazan” y que la razón de suicidios de menores trans no tienen como origen “el acoso, la discriminación o la falta de afirmación” sino su “inestabilidad” psicologica y emocional de los mismos. Este acto celebrado en abierta confrontación y violación de los preceptos recogidos en la vigente Ley 3/2016 del 22 de julio de Protección Integral Contra la LGTBIfóbia de la comunidad de Madrid, tuvo lugar ante la ausencia de medidas cautelares por parte de la Policía o Fiscalía contra la organización.

La transfobia institucionalizada se presenta desde prácticas cada vez más articuladas y disfrazadas por un cierto tinte de cientificidad y experticia, de manera que desde el “criterio experto” se logra justificar y fomentar el discurso del odio, cuestionar el libre desarrollo de la personalidad en los menores y criminalizar toda forma de expresión de género no normativa.

Motivos para una Ley Trans Estatal

La violencia estructural y la transfobia institucional vienen tomada de la mano de un emergente lobby internacional fundamentalista dirigido a restringir y controlar las libertades y derechos de mujeres, menores de edad y personas del colectivo LGBTI en tanto sospechosos de imponer de forma totalitaria una ideología de género “que pone en jaque las libertades individuales”. Desde esta ola de intolerancia, que destacada por judicializar toda expresión de la sexualidad, corporalidad y autodeterminación personal se levanta un activismo crítico que defiende una perspectiva de derechos humanos tomando en cuenta las necesidades individuales de los sujetos afectados.

El reconocimiento de la identidad de género o el cambio de nombre y sexo legal de personas trans se ha caracterizado por dilatados procesos judiciales y administrativos, que han descansado en la discrecionalidad de un tercero (juez/testigo/perito/médico). La ruptura de esta forma de control y dominio sobre el individuo supone un presupuesto inaceptable para los grupos fundamentalistas, pero también para el Derecho que se presenta como salvaguarda del sistema sexo-género.

La autodeterminación personal y el derecho al propio cuerpo son reivindicaciones históricas de los colectivos discriminados por identidad y expresión de género, quienes demandan una respuesta jurídica específica que refleje los múltiples itinerarios posibles donde se configuran libremente las expresiones sexo-genéricas.

El pasado 23 de febrero comenzó su andadura parlamentaria la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, presentada por del Grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El texto impulsado por la Plataforma Trans, es una propuesta que surge del consenso de más 90% de las asociaciones específicas trans del Estado español y tiene por objeto brindar protección jurídica a las personas identificadas como trans y regular el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género de toda persona a través, de un conjunto de medidas dirigidas a garantizar su ejercicio pleno en el ámbito sanitario, educativo, laboral, social, económico y político.

El derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género a la luz del texto, toma en consideración el respeto a la autonomía y libertad de cada persona a ser y manifestar cuál es su sexo sentido y qué prácticas han de realizarse sobre su cuerpo. Esta concepción implica que cada persona ha de tener la facultad de elegir sobre sus opciones vitales, su identidad sexual y expresión de género sin ningún tipo de injerencia o intromisión, lo cual plantea una relación distinta entre los poderes públicos y las personas trans, de manera que los poderes públicos se convierten en garantes de un derecho que históricamente ha estado sujeto a la discrecionalidad gubernamental. Se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo y su ser.

La Proposición de Ley persigue asegurar legalmente, además: el derecho a la gestión del propio cuerpo, el derecho a una atención médica donde la identidad de género no es concebida como una patología y son respetados los criterios de atención que prescribe el sistema nacional de salud para toda la población, el derecho a la identidad y expresión de género de los menores y personas extranjeras residentes legales, así mismo, se recoge el derecho de las personas no binarias a ser sujetos de derecho reconociendo las múltiples expresiones que traspasan las construcciones binarias que generalmente emergen del examen de la genitalidad.

Quedaría garantizado de aprobarse el texto la participación de las personas trans en el desarrollo de políticas públicas y medidas trans-positivas teniendo en cuenta la interseccionalidad y la complejidad de elementos que se vinculan a la identidad y expresión de género, se contemplan medidas institucionales que garanticen este derecho en los centros penitenciarios, y se insiste en la obligación de los poderes públicos de implementar políticas laborales, educativas y sociales, así como, considerar a la población trans como sujetos en riesgo de exclusión social.

Son las personas trans quienes exigen, a través, de esta iniciativa derechos que les ubican como sujetos de derecho y quienes desde el ejercicio de acciones legales ponen en funcionamiento el sistema de jurídico que persigue garantizar el derecho a la dignidad humana. La Proposición de Ley impulsada desde la Plataforma por los Derechos Trans es reflejo del hacer de un colectivo, es resultado de la configuración de derechos desde las necesidades, abriendo un camino de posibilidades para ese Derecho más humano e inclusivo del que queremos participar.

Las personas trans que han apoyado la iniciativa de una Ley Trans Estatal, son conscientes que no parten de la misma situación de discriminación y reconocimiento jurídico que gais, lesbianas y bisexuales, que los derechos fundamentales a los que se les excluyen como la atención sanitaria, el acceso a la educación respetando su identidad de género o el acceso al mercado laboral (cuya tasa de desempleo asciende a un 90% en el caso de la población trans), no es un problema que se plantea en iguales circunstancias para el resto del colectivo, los ámbitos y formas de exclusión guardan significativas distancias.

Recientemente fueron desbloqueadas en la Mesa del Congreso las leyes de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, propiciando que sendos textos entren en su recta final y consecuente aprobación. Las personas trans y quienes como aliados reconocemos las distintas formas de discriminación a la que se enfrentan las personas trans en el acceso a servicios básicos y ejercicio de derechos fundamentales, confiamos en que durante la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans no se escuche la voz de un “tercero”, sino el reclamo de menores víctimas de un sistema que en ocasiones fracasa en asegurar sus intereses, de un colectivo que demanda una transformación profunda del sistema de garantías y protección jurídica, de una sociedad harta de exclusiones y del uso de los derechos humanos como bandera electoral que más tarde quedan secuestrados por el olvido.

Los derechos no reconocidos, las leyes no implementadas, la transfobia institucional, las exigencias médicas que vulneran derechos humanos, las prácticas administrativas que invisibilizan a personas trans, la ausencia de reconocimiento de personas no binarias, el aumento de los delitos de odio por motivo de identidad y expresión de género se convierten en argumentos y motivos para una Ley Trans Estatal.

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Livan Soto

Seremos más fuertes cuando tomando nuestras manos celebremos la diversidad. Creo en el Derecho como motor de cambio.

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