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El informe ILGA-Europe de 2020 muestra un retroceso para las comunidades y personas LGTB+

La 10ª Revisión Anual de ILGA-Europe muestra que como resultado de los acontecimientos sin precedentes de 2020, las personas LGBTI y las comunidades en Europa han sido empujadas al borde del abismo.

Este pasado mes de febrero la organización de derechos LGBTQI + ILGA Europa publicó el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Europa y Asia Central.

En estas revisiones anuales vemos la evolución jurídica, política y social en 54 países y 4 instituciones europeas durante el último año. Se trata de un informe único que hace un seguimiento de las tendencias positivas y negativas en relación con la igualdad LGBTI y los derechos humanos en Europa y Asia Central.

Este año su lectura resulta, por varias razones, desalentadora. Señalar que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto “las muchas carencias en términos de las realidades que viven” las personas LGBTQI+ en toda la región, el informe da cuenta de una exacerbación del discurso de odio en el último año y advierte del estancamiento o retroceso en un número considerable de países en los cambios legislativos esenciales para lograr la igualdad.

El informe nos muestra como el discurso de odio de políticos dirigido a personas LGBTQI+ ha aumentado en multitud de países como Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Macedonia del Norte, Moldova, Polonia, Rusia y Turquía.

También ha habido figuras religiosas que se destacan por atacar verbalmente a las personas del colectivo culpándolas de la COVID-19 (Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania).

Este informe también constata un claro crecimiento significativo de la oposición a los derechos de las personas trans, que está afectando negativamente el reconocimiento legal del genero. En algunos de estos países (Alemania, Andorra, Chipre, Georgia, Chequia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Suecia y Croacia) sostienen con mucha fuerza que promover la protección de las personas trans ante la discriminación y fomentar su autodeterminación perjudicaría los derechos de las mujeres o la protección de los menores.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: «Nuestra revisión anual muestra que la pandemia COVID-19 ha puesto de relieve todas las lagunas en términos de realidades vividas de las personas LGBTI en Europa y Asia Central.

En los informes de país tras país, vemos un fuerte aumento de los abusos y los discursos de odio contra las personas LGBTI; muchos de los cuales se volvieron vulnerables a la falta de vivienda se han visto obligados a volver a situaciones familiares y comunitarias hostiles.

Las organizaciones LGBTI han tenido que sesgar su trabajo hacia el suministro de artículos de primera necesidad como alimentos y refugio, ya que muchos gobiernos dejaron a las personas LGBTI fuera de sus paquetes de socorro; y ha habido un resurgimiento de las autoridades y funcionarios que utilizan a las personas LGBT como chivos expiatorios, mientras que los regímenes autoritarios están facultados para aislar y legislar sin el debido proceso».

«Con esta revisión, nuestro mensaje a los gobiernos e instituciones es que tenemos que reconocer lo frágil que es la situación para las personas LGBTI en Europa y Asia Central. Es esencial tomar medidas audaces y decisivas a múltiples niveles, de modo que los derechos humanos de las personas LGBTI en toda su diversidad continúen avanzando en toda la región, y la promesa de igualdad se experimentará en sus realidades vividas», añade.

Evelyne Paradis
Evelyn Paradis

Durante gran parte de los diez años de este informe anual, la presentación de informes sobre los derechos de las familias se ha centrado generalmente en el registro de asociaciones entre personas del mismo sexo o los derechos matrimoniales y, en este contexto, sigue habiendo un estancamiento en varios países.

Sin embargo, notablemente en 2020, Montenegro se convirtió en el primer país de los Balcanes Occidentales fuera de la UE en introducir una asociación civil; mientras que en Serbia el gobierno prometió pasos hacia la introducción de la asociación civil en 2021. También vemos un número creciente de países que se mueven sobre los derechos de paternidad y prestan más atención a la protección de los derechos de los niños.

En España el PSOE también se sumó al discurso anti-trans, afirmando que la autodeterminación del género puede ser una amenaza para el feminismo. Por lo que se aplaza la reforma legal por la que la sociedad había estado luchando.

La asociación trans lanzó el hashtag #AmiNoMeBorraNadie respondiendo así a los ataques del movimiento y pidiendo a los aliados cis que muestren su apoyo a la comunidad trans.

En Septiembre, FELGBT lanzó un informe que compara los niveles de protección para niños y jóvenes trans en las 17 comunidades españolas. En el informe se mostró como en Navarra, Valencia y Aragón tenían el nivel más alto de protección, y que en Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Ceuta y Melilla, no tenían protección legal los menores trans.

Además el Informe anual del Ministerio del Interior documentó 278 delitos de odio contra personas LGTB en 2019. Siete más que en 2018.

Solo un 16% de las victimas denunciaron estos delitos de odio a cualquier organización o a la policía. El Ministerio de Igualdad publicó un recurso para victimas LGBTQI de crímenes de odio en octubre.

Dice Katrin Hugendubel, Directora de Incidencia de ILGA-Europe: «En este contexto preocupante, era importante en 2020 que la Comisión Europea restableciera su compromiso de proteger y promover los derechos LGBTI con la Estrategia LGBTIQ 2020-2025 de la UE, y el Presidente de la Comisión finalmente encontrara palabras muy claras condenando la discriminación persistente y los ataques continuos contra las personas LGBTI. Estos son pasos en la dirección correcta, pero deben ir seguidos de acciones similares a nivel nacional, y la estrategia debe aplicarse significativamente».

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