El grupo de Vox de las Cortes Valencianas ha solicitado toda la información referente a las ayudas a los colectivos LGTB+ y la documentación sobre los casos de violencia de género en la Comunidad Valenciana, desde la aprobación de la Ley Integral de 2004.
Con respecto a la documentación sobre las ayudas a las asociaciones y el colectivo LGTB+, Vox ha pedido conocer las partidas destinadas en los presupuestos de los ejercicios 2018 y 2019 a cursos, asociaciones, conferencias, informes, asesorías o centros culturales que estén relacionados con la actividad de colectivos LGTB+. Asimismo, Vox pide los nombres de las personas que han impartido alguna «actividad LGTB+» a menores. ¿Estamos ante el inicio de una caza de brujas?
«Solicitamos los datos de las personas que han impartido este tipo de actividades porque nos preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos», ha señalado la diputada por Valencia Ángeles Criado.
Asimismo, Vox ha solicitado la documentación acreditativa del cumplimiento con los requisitos legales en estas actividades, como el documento de antecedentes penales, la acreditación de la formación o preparación necesaria, los contratos firmados con indicación de fechas, la cantidad asignada y los colegios y la indicación del método de adjudicación y sus criterios. También exige saber los contenidos y materias impartidos en estos cursos y actividades.
En relación a los datos sobre violencia de género, Vox quiere conocer, sobre todo, el número de casos de mujeres que han maltratado a sus parejas o exparejas. El grupo de Vox en las Cortes Valencianas quiere conocer las estadísticas de los grandes olvidados (según ellxs) en los casos de violencia (niños, ancianos, y hombres). Además, han solicitado la nacionalidad de los y las agresores y agresoras, porque sospechan que la mayoría no son españoles.
«Los organismos públicos y los medios de comunicación obvian a varios grupos de víctimas dentro de la familia, como pueden ser los ancianos, los niños o los propios hombres, a manos de sus familiares o parejas. En todos los casos se solicita el sexo, la edad y la nacionalidad del agresor, conindicación del país de origen en caso de que no sea España. Tenemos indicios para sospechar que, en numerosos casos, la violencia ha sido ejercida por personas cuyo país de origen no es España», ha afirmado la parlamentaria.
