Según informa la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) en un comunicado, una joven transexual fue expulsada «violentamente» de una discoteca de Algecieras por el empleado de seguridad del local alegando que «tu no puedes estar en la discoteca y te tienes que salir», refiriéndose a su condición de mujer transexual.
Ya fuera del local, la joven se acercó a un coche policial informándole lo que le había sucedido en la discoteca, indicándoles que la habían expulsado por su condición de transexual, cuando «los policías no le hicieron caso alguno y ante el estado de ansiedad y ‘shock’, fue conducida a un centro de salud donde fue maniatada y se le inyectaron calmantes sin su consentimiento«, según relata la denuncia.
Posteriormente, fue trasladada a dependencias policiales «donde fue encerrada en un calabozo, como si de una delincuente se tratara», sumándose a estos hechos y tal como indica el parte de la denuncia, que la víctima «fue objeto de vejaciones y mal trato por parte de la policía, con saña por su condición, produciéndola contusiones y hematomas que figuran en parte de lesiones adjuntado a la denuncia».
ATA-Sylvia Rivera condena esta nueva agresión a una chica trans y exige a la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de la provincia de Cádiz «una exhaustiva investigación que depure responsabilidades ante un hecho de extrema gravedad como el sufrido por esta joven».
“No podemos volver a tiempos pasados, donde las personas trans teníamos miedo de la policía por poder ser objeto de vejaciones y privación de libertad por el único delito de SER”, afirma Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera. “Andalucía en 2014 aprobó la Ley para el reconocimiento de derechos de las personas trans, más avanzada de España y Europa, de igual modo en diciembre de 2017 y por unanimidad del Parlamento Andaluz, quedó aprobada la Ley que garantiza los derechos y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares. Es hora de que las leyes no sean declaraciones de buenas intenciones y cumplan con el fin con el que han sido propiciadas», añade Cambrollé.
ATA exige a las instituciones locales y autonómicas «una condena expresa y un compromiso para esclarecer estos hechos y que sobre los culpables recaiga el peso de la ley». “Las personas trans también somos ciudadanía y como tal no nos merecemos como respuesta el silencio o mirar hacia otro lado”, finaliza la presidenta de ATA-Sylvia Rivera.
