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Homofobia

Transfobia: La mujer trans que fue humillada por un policía en Benidorm ha abandonado la ciudad por amenazas

Según informa el Observatorio Valenciano Contra la LGTBIfobia la mujer trans que fue humillada por parte de dos agentes de policias en Benidorm ha sido victima de amenazas y coacciones y ha tenido que abandonar la ciudad

Tras la puesta en libertad provisional con cargos para el policía tránsfobo de Benidorm, se siguen produciendo episodios de transfobia que han desencadenado en el abandono de ciudad de la mujer trans e incluso de sus compañeras de piso.

Según informa el Observatorio Valenciano Contra la LGTBIfobia, se pusieron en contacto con la víctima, y  esta persona les contó como ella y sus compañeras de piso llevan días recibiendo llamadas telefónicas amenazantes y visitas intimidatorias al domicilio, sin querer especificar por parte de quién por miedo a represalias.

Desde este organismo que han puesto en marcha sus protocolos de servicio jurídico y de protección a las víctimas, han tenido que trasladar a un lugar seguro y alejado de Benidorm a la víctima y a las personas que convivían con ella, tras comprobar la extrema vulnerabilidad de la víctima y de sus compañeras de piso.

También desde este organismo informan que les sorprende y no entienden que tan solo unas horas después de conocidos los hechos un abogado privado, que no ejerce en el turno de oficio, se pusiese en contacto con la mujer agredida para ayudarle en ejercicio de acusación.

Huelga señalar que, ni la víctima entiende el castellano, ni el abogado habla la lengua materna de la mujer agredida. Tampoco contrató el servicio de ningún traductor ni intérprete para tal fin. A mayor ahondamiento, después de una exhaustiva investigación que se ha realizado desde el Observatorio, les ha parecido extraño que dicho abogado esté estrechamente relacionado con el que ejerce la defensa del policía, habiéndose personado ambos en colaboración en varias causas judiciales de relevante interés mediático y social, no solo para la provincia de Alicante, si no de todo el Estado.

Otro de los aspecto importantes que se señala desde el Observatorio han advertido un conato de guerra mediática por parte de los sectores más reaccionarios del entorno periodístico en la que se ejerce un ataque continuado contra la mujer agredida señalando distintos aspectos de su vida privada que nada tienen que ver con el caso que se encuentra en este momento judicialiciado.

También a través del comunicado emitido por el Observatorio se señala que el proceso de descrédito que se está produciendo contra la víctima por parte del entorno de los agresores, además de haber sido detectado, no será tomados en cuenta en este procedimiento.

No se va a juzgar el pasado de la víctima, sino a la actuación de los agresores. Y advierten que se emprenderán acciones judiciales contra todos aquellos que, pretendiendo desacreditar a la víctima, vulneren sus derechos, su honor, intimidad o derecho a la privacidad.

Esta situación ha venido acompañada por una serie de amenazas y coacciones hacia la víctima, así como hacia aquellas personas de su entorno más cercano.

Desde esta entidad se ha solicitado a la Fiscalía información sobre los motivos de realizar la grabación del vídeo, así como su difusión, para que se puedan practicar todas las diligencias que sean necesarias, conseguir esclarecer los hechos y sean condenadas las actuaciones efectuadas por la patrulla y todas las personas implicadas. Que, a todas luces y desde su opinión, suponen una vulneración flagrante de varios derechos fundamentales.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI ha anunciado que había presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante, algo que desde el observatorio consideran insuficiente.

Según Toño Abad, director del Observatorio, el Ministerio  «debería presentar una querella contra ambos policías, contribuyendo así a esclarecer a donde iba a parar el vídeo teniendo en cuenta que existe un mando único policial según el RD 463/2020, del 14 de marzo, y la responsabilidad de las actuaciones de la policía municipal recaen en el Ministerio del Interior».

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