El fiscal general, Andrei Shxed, anunció ante los legisladores que la ley castigará a las personas que fomenten “las relaciones anormales, la pedofilia y la negativa voluntaria a tener hijos.”
A pesar de que la homosexualidad dejó de ser un delito en Bielorrusia en 1994, esto refleja el gobierno autoritario de Aleksandr Lukashenko hacia las personas pertenecientes al colectivo. El país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y se han reprimido las manifestaciones del orgullo.
El pasado año, el presidente Lukashenko, reconoció durante un discurso que las personas homosexuales son “pervertidos” y los clasificó como “abominación suprema.”
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian la situación del colectivo LGTBI en Bielorrusia, ya que se han producido detenciones arbitrarias y persecuciones debido a su condición sexual. También se han visto excluidos en ámbitos como la educación, la sanidad y el empleo.
La relación cercana entre el presidente Lukashenko y Vladimir Putin, presidente de Rusia, hace que la persecución al colectivo sea más estricta, ya que en 2013 en Rusia se aprobó la ley de propaganda antigay, prohibiendo así cualquier muestra pública de relaciones no tradicionales.
