La nueva ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha advertido ante una comparecencia pública que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» como es el caso del pin parental.
La Junta de Andalucía acordó con Vox implementar esta medida para que dicho grupo político aprobase el Presupuesto de 2020. El pin parental, según se determinó, sería «una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias» con el objetivo, según quedó redactado en el documento, de «impulsar la igualdad de oportunidades que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo«.
Javier Imbroda, consejero de Educación de la Junta de Andalucía, ha afirmado que el pin parental no le parece una mala idea, siempre y cuando no se use para autorizar contenidos curriculares. Sin embargo, ha recalcado que el pin parental «está en una fase embrionaria» y que «tenemos que analizar bien, porque lo que no se puede es contradecir con la ley y todo tiene que estar dentro del marco normativo«.
Recordemos que el pin parental es una medida defendida por Vox y organizaciones como Hazte Oír para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad sexual, ya que estos, (según ellxs) «vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado«. Esperamos que la medida sea revisada (y eliminada finalmente). Conocer la diversidad sexual que existe hoy en día en la sociedad no vulnera ningún derecho. Crear conciencia es el primer paso para que todxs podamos ser respetadxs.
Aunque en el fondo pueda estar de acuerdo, me parece terrible que el Estado pueda inmiscuirse tanto en la transmisión de valores. Si se sienta ese precedente, el día que gobierne la derecha, harán lo mismo con sus valores, y entonces quién les va a criticar??