Tal propuesta se ha topado con el rechazo de toda la comunidad LGTBQ+ ya que a través de dicha campaña se prohibiría a los docentes hablar sobre temas relacionados con el colectivo LGTBQ+ ya que no son «apropiados para la edad o el desarrollo de los estudiantes«.
El proyecto a pesar de tales críticas está avanzando cada vez más, llegando incluso a presentarse ante la Cámara y el Senado del estado americano.
Ante este hecho, la organización que trabaja para la defensar de los derechos LGTBQ+, Equality Florida, ha calificado tal medida como «abominable y peligrosa, ya que puede suponer consecuencias reales para las personas LGTBQ+»
«Somos padres, estudiantes y maestros. Somos sus hermanos y hermanas. Las conversaciones sobre nosotros no son algo peligroso que deba prohibirse«, de esta forma expresaba su postura el directivo de Equality Florida, Jon Harris Maurer, a lo largo de una de las sesiones donde se debatía sobre tal asunto.
Aún así, los proyectos presentados dictaminan que un distrito escolar «no puede alentar la discusión en el aula sobre orientación sexual o identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes».
De este modo, dicho Proyecto de ley de derechos de los padres en la educación ya ha sido aprobado en el Comité de Educación y Empleo, por lo que en estos momentos está en manos del Comité Judicial.
Por parte del patrocinador de esta ley, Joe Harding, señala que esta iniciativa tiene como fin defender la responsabilidad de «ser padre». Alude así a que la legislación pretende reforzar «el derecho fundamental de los padres a tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos«, tal y como se expresa también en el propio texto de la ley.
No obstante, Anna Eskamani, legisladora de Florida, opina ante tales comentarios que cualquier esfuerzo por borrar a las personas y familias LGTBQ+ «tiene sus raíces en la homofobia y la transfobia».
En cuanto a las organizaciones LGTBQ+, estas consideran que esta serie de propuestas recuerdan a las leyes de «no promoción homo» de los años 90 que prohibían a los educadores discutir sobre temas queer en las escuelas, solo que ahora se añade también la participación de los padres y la familia.
La directora ejecutiva del grupo nacional de defensa de la juventud LGTBQ+, Willingham-Jaggers ha señalado también que «estos mandatos son dañinos y corren riesgo de exponer descuidadamente a los jóvenes LGTBQ+ a las familias que no afirman las identidades de sus hijos».
Este tipos de comentarios surgen ya que si el proyecto resulta finalmente aprobado, los padres tendrían la posibilidad de presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir a la misma vez una indemnización por daños y prejuicios en el caso de que crean que sus políticas infringen el «derecho fundamental de tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos».
